Despido Masivo de Trabajadores en Central Azucarero de Ureña

Un grupo conformado por más de 30 trabajadores del Central Azucarero de Ureña ha alzado su voz contra lo que consideran un despido masivo perpetrado por el Ministerio para el Servicio Penitenciario. La situación ha llevado a estos empleados a denunciar públicamente la situación, y han buscado amparo legal a través de la inspectoría del trabajo con sede en San Antonio del Táchira.

El conflicto ha sido plasmado en un documento fechado el 11 de julio, en el cual los trabajadores exponen su situación. Desde el mes de junio hasta el presente, afirman que han experimentado la suspensión y retención arbitraria de sus salarios quincenales, incluido el pago del cesta ticket. Este accionar ha tenido un impacto severo en las familias de estos empleados.

Despido Masivo de Trabajadores en Central Azucarero de Ureña

El grupo de trabajadores relató que el pasado 7 de julio mantuvieron una reunión con un abogado que se identificó como representante de la ministra actual para el Servicio Penitenciario. En este encuentro, se les presentaron dos opciones: trasladarse a trabajar en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) en Santa Ana, o presentar cartas de renuncia. Sin embargo, los empleados argumentan que la primera opción es impracticable debido a los costos involucrados, y la segunda fue rechazada debido a la retención de sus salarios sin previo aviso.

En su lucha por la justicia laboral, los trabajadores han propuesto al Ministerio del Trabajo la posibilidad de una transición hacia el Ministerio de Agricultura y Tierras. Esta propuesta, similar a una transición realizada en 2018, busca resguardar los derechos y estabilidad laboral de los empleados. Cabe destacar que desde marzo de 2020, la operatividad de la empresa había disminuido drásticamente, lo que ha contribuido a la complejidad de la situación.

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Si las propuestas no son aceptadas, los trabajadores exigen ser liquidados conforme a las leyes laborales, incluyendo indemnización por la inhabilidad laboral y cálculos basados en los decretos más recientes de aumento del ingreso mínimo integral.

Este grupo de trabajadores está empeñado en asegurar que sus derechos laborales sean respetados y que su situación sea abordada de manera justa por las autoridades pertinentes.

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