Fundaredes: 44 Vidas Perdidas en Minería Ilegal en Venezuela y la Responsabilidad del Estado

07/11/2023

Fundaredes: 44 Vidas Perdidas en Minería Ilegal en Venezuela y la Responsabilidad del Estado

La ONG Fundaredes ha emitido una preocupante denuncia en relación a la problemática de la minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas, la cual ha resultado en la trágica pérdida de 44 vidas. Según el último informe de la organización, titulado “Grupos armados y Estado venezolano vulneran el derecho a la vida de los pueblos indígenas”, se revela que 20 de las víctimas pertenecían a comunidades indígenas de Amazonas (11) y Bolívar (9).

44 Vidas Perdidas en Minería Ilegal en Venezuela

La documentación recopilada por Fundaredes indica que los responsables de estos homicidios son Grupos Armados Irregulares (GAI), compuestos tanto por elementos de origen colombiano como venezolano. Además, se han señalado a miembros de las Fuerzas Armadas como involucrados en estos trágicos sucesos.

La raíz de este problema radica en la disputa por el control territorial en las zonas de extracción de minerales preciosos, como el oro y el coltán, lo que ha generado enfrentamientos constantes entre diferentes bandas criminales. En algunos casos, estos enfrentamientos han contado con la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cuerpos policiales, según lo comunicado por la organización en un comunicado de prensa emitido el miércoles 1° de noviembre de este año.

Además de denunciar estos trágicos acontecimientos, Fundaredes también ha señalado que el Estado venezolano ha incumplido su obligación, tanto a nivel constitucional como internacional, de proteger los derechos de los pueblos indígenas que habitan en territorios ancestrales.

La organización ha expresado su preocupación por la falta de acciones adecuadas por parte del Estado para abordar la problemática de la minería ilegal y otros delitos cometidos en estas áreas. En lugar de emprender esfuerzos efectivos para eliminar la minería ilegal sin causar daños colaterales a las personas y al medio ambiente, el Estado ha optado por llevar a cabo operativos que han tenido un impacto negativo y han dejado secuelas irreversibles. Además, se ha cuestionado la intención de las autoridades al poner en tela de juicio la labor de las ONG que buscan ayudar en esta crisis, como lo demuestra el informe reciente presentado por diputados de la Asamblea Nacional, que ha generado sospechas infundadas sobre su trabajo.

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