Venezuela busca frenar el uso de teléfonos móviles en las cárceles

La gestión de Nicolás Maduro ha intensificado su esfuerzo por eliminar el uso de dispositivos móviles dentro de las prisiones, siete años después de la promulgación de una ley que prohíbe tanto estos dispositivos como el acceso a la red en centros penitenciarios. La ministra encargada del Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, informó el día de hoy sobre este asunto.

Según Bautista, se llevan a cabo inspecciones diarias con el propósito de erradicar la posesión de estos teléfonos por parte de los reclusos. Algunos pueden desear utilizarlos para mantener contacto con sus seres queridos, pero otros los emplean en actividades indebidas. Esto fue expresado por la funcionaria durante una entrevista en el canal estatal VTV.

En ciertas cárceles el Gobierno está implementando un sistema para que los presos se comuniquen con sus familiares

La ministra explicó que en ciertas cárceles, aunque no especificó cuántas ni qué proporción representan, el Gobierno está implementando un sistema que permite a los presos comunicarse con sus familiares utilizando teléfonos autorizados.

En 2016, el Parlamento, en ese entonces mayoritariamente opositor, estableció la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios, con el objetivo de prevenir actividades delictivas realizadas desde las prisiones. Sin embargo, hasta la fecha, organizaciones no gubernamentales continúan denunciando casos de extorsión a comerciantes perpetrados por grupos criminales que operan desde el interior de las cárceles.

Además de esto, la ministra también mencionó que están trabajando en la "descongestión de los centros penitenciarios" mediante la revisión de las penas de los detenidos. Asimismo, instó a los reclusos a participar en labores dentro de las prisiones, ya que explicó que dos días de trabajo equivalen a un día menos de condena.

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Bautista aseguró que todos los servicios dentro de las prisiones son proporcionados de manera gratuita, y ningún familiar ni preso debe pagar por alimentos, asistencia legal, atención médica ni por revisiones judiciales. Enfatizó que el respeto a los derechos humanos de los detenidos es una prioridad del Gobierno venezolano.

De acuerdo con el informe anual presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), durante el año 2022 se registró un nivel de hacinamiento del 64,19% en las cárceles de Venezuela, con una población carcelaria de 33.558 individuos, superando la "capacidad real instalada" de 20.438 plazas.

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